Abstract:
El delito de trata de personas tiene como víctimas a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que como mercancías son acogidos por un mercado para su explotación sexual y laboral, de ahí que el estado peruano como parte de la Convención de Naciones Unidas y del Protocolo de Palermo deben adoptar medidas legislativas y velar por su implementación a efectos de sancionar a los criminales. La investigación se centra en la búsqueda de aquellos ejes que favorecen la trata de personas, como de aquellos entes que permiten el enraizamiento de ancestrales costumbres impuestas por la cultura de la trata de personas y que se ve legitimado por la comodidad de un omiso Estado y que a partir del estudio de citadas las variables se pretende aislar una de ellas, en este caso la presencia de un Estado que descuida presupuestalmente una región fronteriza como la de Puno objeto espacial de la investigación y su entorno político compuesto por el desempeño de sus autoridades representativas en lo político, social, judicial y policial, con el objetivo de advertir el crecimiento peligroso de la trata de personas y fortalecer la lucha frontal contra este flagelo social. El estudio es de carácter exploratorio - descriptivo y entrevista a las principales representaciones públicas y sociedad en su conjunto, para concluir que pese a la existencia de una legislación muy proveída en leyes, normatividades, reglamentos y manuales; resultan meramente declarativas, dado que la pervivencia del delito subsiste al descuido en la asignación presupuestal para implementar las políticas públicas y estrategias de carácter nacional para cumplir con la Ley Nº 31146 normatividad que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 28950, de la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
