Abstract:
En la presente investigación se analizó aquellos criterios jurisprudenciales aplicados a procesos de extinción de dominio en la corte superior de justicia de Puno, en el marco del D.L.1373 y su reforma ley 32326. Del estudio identificamos las tensiones existentes entre la autonomía del proceso y las garantías constitucionales de propiedad y proporcionalidad e irretroactividad. La metodología aplicada es de tipo básica, con enfoque cualitativo y diseño de análisis documental de jurisprudencia y normativa vigente. Se analizaron sentencias donde la corte superior de justicia de puno declara improcedentes demandas con base en hechos antes de la entrada en vigencia de la norma, se evidencio el conflicto de la retrospectividad y principio de seguridad jurídica. Los hallazgos principales demuestran que la carga de la buena fe cualificada resulta a menudo excesiva para los terceros que se encuentran bajo contextos de informalidad regional Finalmente se concluye que la ley 32326 constituye una respuesta apropiada a la inseguridad jurídica detectada, al determinar plazos para la prescripción y fortalecer el debido proceso alineándose con criterios garantistas que se observaron la casuística de puno.