La usurpación como delito estructurante en operaciones inmobiliarias fraudulentas: “Análisis de Caso”.

Abstract

La presente investigación tiene como objetivo analizar el rol del delito de usurpación como posible delito estructurante en la configuración de operaciones inmobiliarias fraudulentas, particularmente en aquellos supuestos en los que concurren ilícitos conexos como la falsedad ideológica, el estelionato y estafa. En el país, la informalidad posesoria y fallas en el control registral han generado escenarios propicios para la instrumentalización del delito de usurpación como mecanismo inicial para la apropiación ilegítima de bienes inmuebles. La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, de tipo jurídico–descriptivo y explicativo, empleando métodos de análisis dogmático, sistemático y jurisprudencial. Como técnicas de recolección de información se utilizaron el análisis documental de doctrina, legislación y jurisprudencia relevante, así como entrevistas semiestructuradas dirigidas a servidores públicos y especialistas en la materia, lo que permitió contrastar la teoría con la práctica forense y registral. Los resultados evidencian que la posesión previa del inmueble, es esencial e imprescindible para la defensa del derecho de posesión. Asimismo, se constató que, en determinados contextos, la usurpación no se presenta como un hecho aislado, sino como una conducta funcional dentro de esquemas delictivos más amplios orientados a legitimar la apropiación ilícita de inmuebles mediante y su posterior inscripción registral. Se concluye que el delito de usurpación puede fungir como delito estructurante en operaciones inmobiliarias fraudulentas, en la medida en que permite consolidar el control material del bien inmueble, facilitando la comisión de delitos patrimoniales conexos y generando una afectación significativa a la seguridad jurídica. Finalmente, se recomienda mejorar los mecanismos de verificación registral y promover una interpretación sistemática del delito de usurpación que permita diferenciar adecuadamente los conflictos civiles de las conductas penalmente relevantes, además de la creación de una fiscalía especializada.