Abstract:
La presente investigación analizó el rol de los hogares protegidos como mecanismo de garantía de los derechos de las personas con discapacidad mental grave, particularmente cuando alcanzan la condición de adultos mayores, a partir del estudio de la Sentencia N.° 183-2025-CI emitida en Puno. El problema de investigación se centró en determinar si el cumplimiento del numeral 8 literal b de la Norma Técnica de Salud para Hogares Protegidos (RM N.° 701-2018/MINSA) opera efectivamente como garantía de protección y continuidad del cuidado cuando se dispone el egreso o traslado de usuarios mayores de 65 años. La investigación adoptó un enfoque cualitativo, de tipo jurídico-dogmático, con diseño de estudio de caso, empleando como técnica principal el análisis jurisprudencial mediante ficha de análisis de la citada sentencia, complementado con revisión normativa y doctrinaria sobre salud mental comunitaria y enfoque de derechos. Los resultados, desarrollados en dos ejes (i) evaluación del usuario 65+ y (ii) coordinación y derivación, evidencian que la sentencia exige una evaluación integral y técnicamente sustentada, destacando como medio idóneo el informe evolutivo y seguimiento continuo del CSMC para acreditar mejora funcional, y que la coordinación/derivación debe ser efectiva y acreditable documentalmente, advirtiendo incumplimiento cuando no existen comunicaciones u oficios que lo demuestren. Se concluye que las decisiones administrativas de exclusión o traslado desde hogares protegidos no pueden sustentarse únicamente en la supuesta existencia de soporte familiar o beneficios económicos, sino que deben asegurar la continuidad del cuidado y evitar la desprotección, conforme a la finalidad del dispositivo y a los estándares normativos y constitucionales de protección de las personas con discapacidad.
