Abstract:
Esta tesis analiza la relación entre las modalidades de acceso a la administración pública y la aplicación del principio de primacía de la realidad en la jurisprudencia laboral peruana al año 2025. El estudio aborda la problemática de cómo diversas entidades estatales utilizan contratos de locación de servicios o modalidades temporales para encubrir relaciones laborales de naturaleza subordinada, contraviniendo los estándares de mérito e igualdad. Mediante un enfoque cualitativo y el análisis documental de resoluciones del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, la investigación determina que la jurisprudencia ha consolidado un criterio que prioriza los hechos materiales sobre las formas contractuales. Las fuentes señalan que, al verificarse los elementos de prestación personal, remuneración y subordinación, se reconoce la existencia de un vínculo laboral y la consecuente protección contra el despido arbitrario. Sin embargo, se establece un límite jurídico fundamental: la aplicación de este principio no otorga automáticamente el estatus de servidor de carrera, pues el ingreso a la carrera administrativa exige obligatoriamente un concurso público de méritos. Las conclusiones resaltan que, aunque el principio de primacía de la realidad actúa como un mecanismo corrector frente al fraude y la precarización, persiste una brecha estructural entre la normativa meritocrática y las prácticas de contratación del Estado. Se recomienda fortalecer la gestión de recursos humanos para garantizar que el acceso al empleo público sea transparente y legal.
