Abstract:
La presente investigación analiza cómo la jurisprudencia nacional peruana, con una perspectiva actualizada al año 2025, interpreta y aplica la determinación de las necesidades alimenticias cuando el obligado alimentario se encuentra en situación de desempleo o carece de un trabajo formal. El objetivo central es examinar los criterios utilizados por los órganos jurisdiccionales para equilibrar el interés superior del niño con el principio de proporcionalidad y la capacidad económica real del deudor. Metodológicamente, el estudio se sustenta en un enfoque cualitativo, de tipo básico y nivel descriptivo, empleando la técnica del análisis documental para evaluar resoluciones emitidas por el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.Los hallazgos principales indican que la jurisprudencia prioriza la paternidad responsable, estableciendo que la falta de empleo formal no exonera del deber alimentario. Los jueces han transitado de la valoración del "ingreso real" a la capacidad económica potencial, evaluando la aptitud laboral, edad y formación del obligado para presumir su posibilidad de generar recursos. Asimismo, se destaca el uso de la Remuneración Mínima Vital (RMV) como parámetro de referencia para fijar pensiones y la aplicación de presunciones ante signos exteriores de riqueza que contradigan el alegato de insolvencia . Se concluye que el sistema judicial peruano mantiene una postura exigente frente al obligado, demandando un esfuerzo laboral máximo para garantizar la subsistencia del alimentista, sin anular el derecho del deudor a una vida digna.
