Abstract:
La presente investigación analiza la firma digital y su eficacia jurídica, en los contratos civiles, en el marco de la transformación digital del Derecho, tomando como referencia el contexto jurídico de la ciudad de Puno. El desarrollo de las tecnologías ha generado cambios sustanciales en la forma de celebrar contratos civiles, permitiendo que la manifestación de la voluntad de las partes se realice mediante medios electrónicos, sin necesidad de soporte físico. En este escenario, la firma digital se ha consolidado como un instrumento fundamental para garantizar la autenticidad, integridad y validez de los actos jurídicos celebrados en entornos digitales. Desde el punto de vista jurídico, la firma digital cumple un rol esencial en la identificación del firmante y en la expresión válida del consentimiento contractual, elementos indispensables para la existencia y eficacia de los contratos civiles. No obstante, su aplicación práctica aún presenta desafíos, especialmente en relación con su valor probatorio, su equivalencia funcional frente a la firma manuscrita y su aceptación uniforme por parte de los órganos jurisdiccionales. Si bien el ordenamiento jurídico peruano reconoce expresamente la firma digital a través de la Ley N.º 27269, su reglamento y las disposiciones del Código Civil, persisten vacíos normativos, interpretaciones disímiles y desconfianza por parte de algunos operadores jurídicos. La investigación adopta un enfoque normativo y jurisprudencial, complementado con el análisis doctrinario y la percepción de profesionales del Derecho Civil en la ciudad de Puno. Se examina la distinción entre firma electrónica simple, firma electrónica avanzada y firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE), destacando que esta última goza de mayor seguridad jurídica y presunción de autenticidad. Finalmente, se concluye que la firma digital posee plena eficacia jurídica en los contratos civiles, siempre que se cumplan los requisitos legales y técnicos, siendo necesario fortalecer su interpretación judicial y promover su correcta aplicación para consolidar la seguridad jurídica en la contratación digital.
