Impacto de las apelaciones en la resolución de procesos de extinción de dominio: Análisis jurídico y jurisprudencial del Decreto Legislativo 1373 en Puno, 2024.

Abstract

La presente investigación analiza el impacto de las apelaciones en la eficacia de los procesos de extinción de dominio en Puno durante el año 2024, a partir de un estudio jurídico y jurisprudencial del Decreto Legislativo N.º 1373. El objetivo general fue determinar cómo estas apelaciones influyen en la recuperación de bienes ilícitos y en la interpretación de la norma, considerando tanto el marco legal como la práctica judicial. Se empleó un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y explicativo, con un diseño no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por diez expedientes de procesos de extinción de dominio en los que se interpusieron apelaciones. La recolección de datos se realizó mediante análisis documental y fichas jurisprudenciales, y el tratamiento de la información se desarrolló a través de análisis de contenido y hermenéutico. Los resultados muestran que las apelaciones cumplen un doble papel: fortalecen el control de legalidad y la uniformidad interpretativa del Decreto Legislativo N.º 1373, pero en algunos casos pueden retrasar la recuperación de bienes ilícitos por demoras administrativas o falta de criterios uniformes. Las controversias más comunes se relacionan con la interpretación de la buena fe cualificada, la definición de la naturaleza civil del proceso frente a las garantías penales y el alcance del concepto de “instrumentalización ilícita” de un bien. Se concluye que la eficacia del recurso de apelación no depende solo de la rapidez con que se resuelva, sino también de la calidad técnica de los argumentos presentados y de la motivación judicial. Asimismo, se identificó la necesidad de estandarizar criterios jurisprudenciales, fijar plazos procesales estrictos y fortalecer las capacidades técnicas de los operadores de justicia para lograr un equilibrio entre la celeridad en la recuperación de bienes ilícitos y el respeto a las garantías procesales.