Abstract:
El estudio se desarrolló con el objetivo de analizar de qué manera la etapa de protección regulada por la Ley 30364 vulneraba el derecho a la defensa de los denunciados en los procesos de violencia contra la mujer del Juzgado Mixto de Yarowilca durante el año 2024. La investigación fue de tipo básica, orientada a comprender las implicancias jurídicas y procesales derivadas de la aplicación de medidas de protección inmediatas. El enfoque empleado fue cuantitativo, permitiendo examinar de forma objetiva y estadística las percepciones de los operadores jurídicos y las actuaciones contenidas en los expedientes judiciales. El alcance del estudio fue descriptivo, pues se identificaron y caracterizaron las principales afectaciones a las garantías procesales del denunciado en esta etapa preliminar del proceso. El diseño fue no experimental, transeccional y descriptivo, dado que no se manipularon las variables, limitándose a observarlas en su contexto natural dentro del sistema de justicia local. La muestra estuvo conformada por 15 abogados litigantes y 40 expedientes judiciales sobre medidas de protección. Para la recolección de datos se utilizaron la técnica de encuesta, aplicada a los abogados, y el análisis documental, dirigido a los expedientes. Como instrumentos se emplearon un cuestionario estructurado y una matriz de análisis documental. Los resultados, representados en las Figuras 1 a la 27, mostraron que la etapa de protección presentaba deficiencias significativas: retrasos o ausencia de notificación, comunicación incompleta de los hechos imputados, falta de acceso del denunciado a documentos relevantes, ausencia de participación en diligencias preliminares y emisión de medidas sin audiencia previa. Asimismo, se evidenció que dichas prácticas afectaban el derecho de contradicción y generaban decisiones restrictivas sin intervención del imputado, comprometiendo la presunción de inocencia. En conjunto, se concluyó que las garantías procesales del denunciado fueron vulneradas de manera reiterada, revelando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control judicial y asegurar procedimientos más equilibrados y respetuosos del debido proceso.
